Ese principio tiene excepciones; p.ej. cuando ha sido bajo coacción o engaño como se ha sometido uno a ese procedimiento. Puede que haya otras causas válidas de recusación del resultado (p.ej. que el procedimiento haya estado gravemente viciado --más de lo que ya se sabía de antemano).
Cuando en noviembre de 2006 presenté yo mi candidatura a la Dirección del Instituto de Filosofía del CSIC lo hice por un imperativo moral. Habiendo ingresado en el Instituto en febrero de 1987 (al año de su creación o recreación), siempre he estado disconforme con los lineamientos de sus sucesivos directores y, en general, con la marcha del Instituto. No significa eso que no haya apreciado aspectos positivos, pues también los ha habido.
A quienes nos quejamos de que las cosas van mal se nos suele reprochar que, cuando tenemos alguna oportunidad para mejorarlas, no lo intentemos. Puede que las probabilidades de éxito sean escasas; sin embargo, el intento (aun condenado al fracaso) puede ser un deber de testimonio; en cualquier caso únicamente si se ha intentado podrá aducirse convincentemente que, si no se logró, no fue por desidia ni por haberse zafado uno. Quin a me desit (parafraseando al gran filósofo jesuita Francisco Suárez).
Convocada la consulta electoral para proponer un nuevo director del Instituto de filosofía en noviembre de 2006 lo más cómodo hubiera sido proseguir mi labor cotidiana desentendiéndome de lo que, en definitiva, estaba condenado a llevarse a cabo según es usual en cualesquiera elecciones.
He conocido diversas organizaciones, trabajado en varias instituciones, y estudiado muchísimas otras; y sé que el resultado de la elección suele estar decidido antes que los electores depositen su papeleta, en virtud de otro procedimiento que se superpone al que aparentemente está llamado a dirimir la controversia.
Justamente por eso he propuesto (en otros ensayos) una alternativa, la de la democracia justificativa, que (espero) contribuiría a corregir muchas de las deficiencias de la democracia electiva, que es meramente formal.
Acertada o desacertadamente tomé, pues, la decisión de presentar mi candidatura a la dirección del Instituto de filosofía en noviembre de 2006. Al hacerlo, asumí un compromiso de someterme a una decisión mayoritaria que conocía de antemano (todos la conocían). Y así lo he hecho.
Un espectáculo penoso es el de los malos perdedores, que, no resignándose a su derrota, están --a veces desde el día siguiente al escrutinio-- quejándose de no haber ganado, aduciendo las mañas del triunfador, o las circunstancias adversas, o lo que sea. Lo que aducen a posteriori se sabía ya cuando se convocó la elección; los candidatos se presentaron a la votación a sabiendas, empeñando su palabra de acatar el resultado, fuera el que fuese.
Los días que precedieron a la votación (8 de noviembre de 2006) estuve yo enfermo, por lo cual no pude leer el documento de la candidatura adversa, la de Javier Echeverría, sobre las convergencias y divergencias entre las dos candidaturas. Desconocía la existencia de ese documento; me enteré en la deliberación que precedió al voto; pero no lo he leído hasta hace unos pocos días en que, por casualidad, me he topado con él. Como di a conocer al público los documentos de aquella consulta, difundo ahora también ese documento, aunque el tiempo transcurrido hace que, siendo de hace sólo 15 meses, parezca de otra época.
El documento pone de manifiesto el tenor de las dos candidaturas, su respectivo compromiso.
Por un lado estaba una candidatura como la mía, modesta en sus planes organizativos o programáticos, pero muy clara y firme en la enunciación de cinco principios filosóficos --inspirados en sendos valores--, cuya defensa debería haber asumido el Instituto de filosofía:
Cualesquiera que hayan sido los promulgamientos del legislador o los reglamentos del poder ejecutivo, ha de quedar incólume el compromiso del Instituto con la filosofía; y, por lo tanto, nada debe mellar ni desactivar su capacidad de posicionamiento axiológico y su reafirmación de principios, tanto si ya se han promulgado disposiciones que entren en conflicto con ellos como si no.
Y es que, o no estamos en una sociedad libre, o el promulgamiento del legislador no ha de impedir a los individuos, a las colectividades e incluso a las entidades públicas mantener su adhesión a sus propios ideales y valores y --si se tercia-- volver a manifestar su disconformidad con relación a lo que haya venido preceptuado.
Por el otro lado, la candidatura que resultó triunfante era inmensamente ambiciosa en su pretensión organizativa (con un magno plan de refundación) pero sin posicionamientos axiológicos ni adhesión a principios.
El documento que ahora leo afirma unos principios leibnizianos que yo, desde luego, también profeso sin titubeos: el de razón suficiente, el de identidad de los indiscernibles, el de la vinculación theoria cum praxi y la regla de ponerse en el lugar de otro (aunque yo distaría de ver en ésta última un canon moral básico, atribuyéndole meramente el papel de una pauta heurística). Lo que sucede es que esos principios ahí reafirmados (me congratulo de ello) no se ve qué consecuencias tienen para las propuestas programáticas.
Lo que se perfila en el documento «Convergencias y divergencias» es que cada investigador es dueño de tener sus propios ideales, valores y principios. Sin duda es verdad. Mas ello no impide al Instituto asumir algunos de ellos, a saber: aquellos que se sigan del propio compromiso profesional del filósofo y, más ampliamente, del investigador que trabaja en una institución de servicio público. Que una entidad o institución asuma unos valores, los profese y los defienda no obliga a cada uno de sus miembros a hacer lo propio; como tampoco la mera yuxtaposición de las adhesiones individuales de los miembros equivale a un posicionamiento institucional.
Ahora bien, la candidatura que ganó la consulta no es sólo que no se sumara a los principios y valores con respecto a los cuales la mía solicitaba la adhesión institucional, sino que en verdad iba por otro lado; y aun entraba en colisión (parcial) con tales principios.
El documento que ahora comento afirma: «también priorizamos lo público sobre lo privado, pero sin satanizar el ámbito en donde, según muchos pensadores, reside la conciencia moral, religiosa y espiritual. Los valores económicos y empresariales no llevan a la depravación moral...»
Lo que está en discusión en este contexto no es la opinión que a uno le merezca el sector privado. Para unos, el sector privado, y más concretamente el empresarial, es un terreno de plasmación y realización de los grandes valores morales y espirituales. Para otros (entre quienes me encontraría yo) es, preponderantemente, un campo de profunda inmoralidad, un reino de los antivalores. Mas sea así o no, eso no afecta a nuestra discusión. El problema es si la investigación que pretendemos hacer es de servicio público o no. Si es de servicio público, entonces ha de ser neutral respecto a las empresas privadas y no casarse ni con unas ni con otras; no secundar pretensiones privadas (legítimas o ilegítimas) de unos frente a otros.
Por el contrario, la candidatura triunfadora aceptaba una participación empresarial privada en el apadrinamiento de las actividades del Instituto; lo cual significa que, en esos campos, la institución pública irá asociada en intereses a la privada, de un modo u otro.
Asimismo, dicha candidatura concebía al propio Instituto refundado según «un nuevo modelo de gestión basado en la participación voluntaria de las/os integrantes del Instituto en su dirección, proponiendo y responsabilizándose de un enfoque de programas estratégicos». Ahí está otra clave de la privatización: el Instituto sería más un espacio donde se situarían esos programas estratégicos transversales --de iniciativa particular de sus respectivos responsables-- que una Institución pública que emprenda algunas tareas institucionalmente acometidas (como las que yo proponía); y en esos programas estratégicos transversales podría haber, además, participación del sector privado.
A las pocas semanas del escrutinio ya se supo que el magno plan de refundación no se llevaría a cabo jamás. En la óptica de los valores privatistas, los de la obligación de resultados, ello habría llevado a una inferencia de incumplimiento. Desde mi propia óptica de servicio público, la de la obligación de medios, el balance puede ser mucho más benigno, si ha habido un esfuerzo real para alcanzar los objetivos, aunque haya sido sin éxito alguno. Por mí, desde luego, está en pie la presunción de sinceridad de la otra parte. El total fracaso --cuando apenas se habían podido hacer más que unas gestiones iniciales-- revela que, formulado con la mejor intención, ese plan era inviable y no conducía a nada.
Aun así, pese a no realizarse la refundación ansiada, podrían haberse intentado los programas estratégicos transversales; alguno de ellos creo que lo fue, aunque también resultaron fallidos los intentos.
Los demás creo que se abandonaron cuando ni siquiera se habían diseñado sobre el papel los planes correspondientes. La razón del abandono nunca se ha aclarado --salvo la vaga motivación de que carecía de sentido seguir adelante con tales planes si no se podía llevar a cabo el conjunto de la empresa. No obstante, para que la empresa sea razonable hace falta que lo sean los átomos que la componen; podrá ser que, sin el encuadramiento del conjunto, esos átomos pierdan algo de su entidad, mas no que, sin mediar siquiera un estudio de realizabilidad, caso por caso, se desechen de un plumazo o se olviden como si nunca se hubieran formulado, sólo porque no es viable el marco que los habría completado. A menos, justamente, que se suministre una argumentación detallada y convincente que así lo pruebe.
No es que los eche de menos. Esos programas estratégicos transversales eran similares a los ministerios que, tras su victoria electoral en Francia, ha establecido el Señor Níkolas Sárközy. A diferencia de los viejos departamentos ministeriales --cada uno especializado en un ámbito preciso de asuntos, compactado por unos lineamientos de actuación, un área de problemas, unas costumbres, un personal dedicado--, los ministerios transversales han inaugurado (o agravado) un tendencia a lo «inter», estableciendo así instituciones que se ocupan un poco de esto, un poco de aquello, un poco de lo de más allá, con un cierto hilo conductor que se entrecruza con los otros hilos conductores de los demás departamentos polifacéticos e intertemáticos.
Es bueno, naturalmente, que entre ámbitos diferentes se tiendan puentes interdisciplinares, sea en la administración o en la investigación; que se habiliten cauces para tales encuentros y tales colaboraciones. Lo que es discutible es que se suplanten las instituciones acreditadas por la experiencia, cada una dedicada a lo suyo (y cuya colaboración habrá que propiciar), por otras no-instituciones transversales, ocasionales, fluctuantes al son de las preferencias, las ideas del momento, las cambiantes inclinaciones subjetivas, las circunstancias propicias.
Mi objeción al plan sarközyano de organización de la administración francesa se aplica también a ese plan (en mi opinión un tanto pintoresco) de programas estratégicos transversales, con los cuales la investigación filosófica pasaría a estar principalmente pilotada y efectuada por coaliciones circunstanciales de investigadores de diferentes instituciones, áreas y disciplinas (unas filosóficas y otras tal vez no); coaliciones que adquirirían así un rango de entidades permanentes (no perpetuas, mas sí perdurables durante lapsos más o menos prolongados, aunque supongo que siempre sujetas a los vaivenes del consenso o el disenso de sus integrantes y a otro sinfín de circunstancias contextuales).
Frente a ese modelo transversal, el modelo temático o tradicional es el de que la investigación esté vehiculada por departamentos o, al menos, por grupos de investigación.
Es cierto que ya los grupos introducen un elemento de variabilidad subjetiva (los intereses investigativos de sus componentes y las coincidencias entre ellos). A base de grupos puede suceder que se perpetúe un mal como el que ha aquejado al Instituto de filosofía desde 1986: que se dejen de lado amplias temáticas, porque la Institución no hace un plan de desarrollo temático, sino que privilegia la continuación de las preferencias que ya han sido acogidas (o de algunas de ellas). Sin embargo, por lo menos los grupos son pluralidades estables que comparten (o deberían compartir):
No sé si es bueno o malo que las instituciones académicas se estructuren sobre la base de grupos de investigación y no de departamentos. Yo preferiría la organización, aún más tradicional, en departamentos, en cuyo establecimiento no intervienen las preferencias cambiantes de los científicos que, circunstancialmente, estén incorporados a la institución, sino sólo criterios objetivos y estables.
Sin embargo, el CSIC ha decidido propulsar los grupos de investigación, como hoy se practica en todas las demás instituciones académicas.
Aquello de lo que sí estoy seguro es que valen más los grupos de investigación (relativamente estables y objetivos en su ámbito y su metodología) que unos programas transversales bastante más circunstanciales y, en cualquier caso, superpuestos y entrecruzados.
Posiblemente estas reflexiones sean de escaso interés para un eventual lector de mis páginas. Hasta pueden prestarse a interpretaciones que yo desearía evitar, como la de que denotan alguna animadversión hacia la otra parte.
He de dejar claro no sólo mi acatamiento sin reservas a la decisión mayoritaria y mi leal respaldo a quienes desempeñen los puestos directivos, sino mi aprecio y mi estima a esa candidatura. Discrepé entonces --y sigo discrepando-- de ese plan; lamentablemente la vida me ha dado la razón. Sin embargo he de añadir que los documentos en que se plasma --y tal vez sobre todo éste que ahora comento-- constituyen un despliegue de inteligencia e imaginación.